El responsable de Iniciativas de Políticas Públicas en España y Portugal de Airbnb, Sergio Vinay, y anfitriones de la plataforma han reclamado este martes una normativa clara sobre el alquiler de habitaciones, ya que para las familias representa una fuente de ingresos necesaria, han defendido diversos usuarios que alquilan cuartos de la vivienda en la que residen.

En rueda de prensa en la vivienda de uno de los anfitriones, Vinay ha sostenido que el objetivo de la plataforma es lograr unas normas claras que definan la situación de aquellos que comparten su vivienda con visitantes, algo que ya ocurre en otras ciudades, y ha alertado de una “campaña del miedo” que estigmatiza a las personas que alquilan habitaciones.

Preguntado por si el modelo de la plataforma está en peligro por las multas del Ayuntamiento por publicitar pisos turísticos ilegales, Vinay ha replicado que “lo que peligra es la posibilidad de las familias barcelonesas de poder compartir un espacio con viajeros y que puedan beneficiarse” del turismo.

Ha destacado que la plataforma ha dialogado con el Ayuntamiento para buscar “unas normas claras, y el Ayuntamiento ha desistido”, y ha garantizado que Airbnb está dispuesta a retomar las conversaciones en cualquier momento.

“Airbnb está comprometida con luchar contra los malos actores”, ha garantizado Vinay, quien ha asegurado que la plataforma pide a todos los usuarios que certifiquen su vivienda – uno de los anfitriones ha afirmado que tuvo que mostrar documentación para ofrecer habitaciones en alquiler -.

Ha recordado que la plataforma recurrirá la multa de 600.000 euros del Ayuntamiento, y ha señalado que, desde que en febrero fijó que sólo se podía alquilar un piso por anfitrión en Ciutat Vella, ha retirado 1.000 anuncios, “el doble” de los eliminados en el resto de plataformas colaborando con el Ayuntamiento.

Sobre el caso de una mujer que alquiló su propio piso a través de la plataforma porque inquilino lo realquilaba a turistas sin permiso ni licencia, Vinay ha señalado que se ha desactivado el anuncio para estudiar el caso, y ha asegurado que la plataforma recuerda periódicamente a los usuarios que deben cumplir con la normativa local.

Lo ha dicho después de que el Gobierno municipal anunciara este lunes que cerrará el expediente sancionador de 600.000 euros a la plataforma esta semana, y de que le advirtiera de que abriría otro de la misma cantidad – la máxima prevista por la ley – si seguía anunciando pisos turísticos ilegales.

 

Alquiler por necesidad

Uno de los anfitriones, con un piso en Hostafrancs en el que alquila diversas habitaciones, ha asegurado que empezó a ofrecerlas en la plataforma hace cinco años por dificultades económicas y por necesidad, y ha asegurado que haberlas alquilado evitó ser desahuciado.

“En lugar de esto, fue una solución para el Ayuntamiento, porque pago impuestos y, si no, tendría que haber pedido subvenciones o ayudas. Soy parte de la solución, no quiero ser parte del problema“, ha dicho a la prensa convocada.

Ha resaltado que está en una situación alegal y no ilegal, porque el alquiler de habitaciones en la propia vivienda no está regulado, y ha añadido: “No sé por qué hay tanta inquietud con todo esto. Mi abuela ya alquilaba habitaciones en la época franquista. Franco se metía en las vidas más íntimas, y con esto no pasaba nada, y mi abuela ganaba algo de dinero”.

Otra anfitriona ha relatado que necesitaba dinero porque sus dos hijas empezaban la universidad y decidió alquilar dos habitaciones de su piso en el Poblenou, y ha lamentado que se identifique este alquiler con una ilegalidad que defrauda a Hacienda: “Mis ingresos son públicos. No me pagan en un sobre en la cocina, Hacienda lo puede ver”, ha aseverado.

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