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La expulsión de millones de trabajadores del sistema productivo y la falta de cobertura social a los mismos ha provocado, durante estos años, un número importantísimo de desahucios, hipotecarios y arrendatarios, o de amenazas de los mismos, con los consiguientes problemas psicosociológicos para las familias afectadas.

Analizar todo aquello que conlleva la vivienda requiere hacerlo desde múltiples aspectos y perspectivas: la económica, la sociológica, la demográfica, la urbanística o la legal. Pero pocas veces se analiza desde el punto de vista social y del derecho ciudadano a disfrutar de una vivienda digna.

Este derecho se ve amparado, no solo en el consabido artículo 47 de la Constitución Española, sino también en acuerdos internacionales, que abogan por la necesidad de considerar el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental. Ejemplo de ello es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25.1), ratificado por España en 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11); la Carta Social Europea Revisada (Estrasburgo, 3 de mayo de 1996; artículo 16) o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 34.3), entre otros.

Sin embargo, a pesar de este marco normativo, y siendo la vivienda uno de los elementos esenciales para el desarrollo individual y social de cualquier ser humano, el derecho a una vivienda digna no es exigible ante los tribunales, como pueden ser los contemplados como fundamentales en nuestra Constitución. Podríamos decir que éste es un “derecho de segunda”, tanto por la ubicación en la Constitución, como por su falta de desarrollo normativo posterior por los sucesivos gobiernos del país.

Durante mucho tiempo, las dificultades para satisfacer este derecho se limitaron a sectores poblacionales minoritarios, situados en la marginalidad o en su entorno socioeconómico. Pero en la última década, con la crisis económica, inmobiliaria y financiera, las consecuencias de la falta de regulación y de articulación del ejercicio efectivo de éste se han extendido a muchos de los denominados ciudadanos “normalizados”.

El derecho a una vivienda digna no es exigible ante los tribunales, como pueden ser los contemplados como fundamentales en nuestra Constitución

La expulsión de millones de trabajadores del sistema productivo y la falta de cobertura social a los mismos ha provocado, durante estos años, un número importantísimo de desahucios, hipotecarios y arrendatarios, o de amenazas de los mismos, con los consiguientes problemas psicosociológicos para las familias afectadas.

A pesar de ello, la inacción de las administraciones públicas, en sus diferentes niveles, ha sido flagrante, dejando la solución al albur de las redes familiares o sociales de cada ciudadano.

Esta situación ha sido y sigue siendo especialmente virulenta en la ciudad de Madrid, tanto por los altos precios de las viviendas y, en consecuencia, las elevadas hipotecas, como por la falta de políticas sociales en esta materia por los anteriores responsables municipales.

Es más, no solo se ha evidenciado la falta de implicación del gobierno local para implementar medidas que ayudasen a calmar los efectos de la crisis en los miles de familias madrileñas afectadas, sino que éste contribuyó activamente al empeoramiento de la situación con medidas archiconocidas, como la venta de inmuebles de patrimonio municipal y la desactivación del principal instrumento de intervención del Ayuntamiento, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (en adelante EMVS).

La nueva corporación, encabezada por Manuela Carmena, decidió actuar inmediatamente con todos los medios municipales disponibles, reactivando el papel de la EMVS, con el principal objetivo de minimizar el daño causado anteriormente, y trabajar para que el mayor número posible de madrileños puedan acceder a una vivienda digna.

Para ello, se han adoptado las siguientes medidas:

  1. Reactivar la facultad de la EMVS de promover la construcción de nuevas viviendas, que había sido eliminada de su objeto social.
  2. Transferir suelo municipal, calificado como residencial, para la promoción de 2.500 viviendas nuevas.
  3. Cambiar el uso de las viviendas que aún no habían sido vendidas, provenientes de restos de edificios promovidos por la EMVS, para destinarlas a alquiler social.
  4. Dedicar la totalidad de las viviendas actuales y futuras, propiedad de la EMVS, exclusivamente al alquiler, ampliando el parque público de vivienda.
  5. Modificar la normativa de adjudicación de viviendas, con el fin de permitir que aquellas familias con rentas más bajas puedan ser adjudicatarias. Por incomprensible que pueda parecer, los más necesitados no podían acceder a estos recursos, según el Reglamento de Adjudicación de Viviendas, aprobado en 2012.
  6. Posibilitar la adjudicación, previo análisis de los trabajadores sociales especializados, a familias con necesidades excepcionales.
  7. Dedicar recursos habitacionales a programas específicos que buscan la reinserción de colectivos especialmente golpeados por diferentes circunstancias (Verbigracia, el colectivo de mujeres en riesgo de exclusión por violencia de género, personas necesitadas de atención prioritaria y emergencia residencial, personas sin hogar, mayores, etc.), ya sea con medios propios o en colaboración con organizaciones y entidades especializadas con programas de trabajo en red, que les doten de habilidades sociales, mejoren la empleabilidad, y aporten recursos, entre otras medidas.
  8. En la apuesta por fomentar la vivienda en alquiler, y para extender la acción del gobierno local más allá de los destinatarios directos del parque público municipal, hemos rediseñado el Servicio Municipal de Alquiler, dependiente de la EMVS, a través del cual el Ayuntamiento ofrece intermediación entre propietarios y futuros inquilinos. A cambio de la prestación de determinados servicios gratuitos por parte de la EMVS, que se mantendrán durante toda la vida del contrato, los propietarios se comprometen a fijar rentas de alquiler por debajo del precio de mercado. Con esta iniciativa se pretende que este efecto de contención de precios se extienda a las viviendas próximas a las que participan en el programa y, en la medida de lo posible, a toda la ciudad. Favoreciendo también la optimización del parque de viviendas vacías.

Entender la vivienda como un derecho real y cierto requiere poner todos los medios y recursos municipales para ello.

Como poderes públicos debemos promover políticas sociales activas de vivienda y ser la herramienta que facilite el acceso a la misma.

Una nueva forma de gestión de la vivienda pública, que permita a los madrileños construir su hogar con un alquiler estable y asequible; una forma de gestión que entiende la función social de la vivienda y la importancia de contar con un parque público de viviendas en arrendamiento en permanente desarrollo y crecimiento.

The post Aspectos sociales en el acceso a una vivienda digna appeared first on Fotocasa.es Blog.

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