El Gobierno municipal de Barcelona llevará a la Comisión de Economía la aprobación provisional de una nueva tasa de 633 euros para dueños de pisos vacíos más de dos años, con el fin de costear la inspección y tramitación de expedientes y sanciones.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha declarado que el objetivo es disuadir a los propietarios de tener pisos vacíos injustificadamente, y los 633 euros se impondrán por cada expediente que se abra al detectar pisos vacíos, dentro de la estrategia de su gobierno “para garantizar el derecho a la vivienda“.

Una vez aplicada esta tasa, se cobrarán 286 euros más por cada requerimiento que se abra a causa del incumplimiento de un requerimiento anterior.

“Es un trámite administrativo que antes pagábamos todos los vecinos. Ahora lo pagará la persona física o jurídica a la que se abra el expediente”, según Pisarello, que ha defendido que es una medida imaginativa impulsada por el Ayuntamiento, aunque querría ir más allá pero no tiene más competencias.

Ha criticado que el Tribunal Constitucional (TC) anulara artículos de la ley catalana de emergencia habitacional y pobreza energética, y ha dicho que el Ayuntamiento no se puede “quedar de brazos cruzados”, por lo que impulsan medidas como esta tasa, que tiene total cobertura jurídica, afirma.

El gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala, ha explicado que el procedimiento puede acabar en sanción o no, pero que la tasa se cobrará en cualquier caso -excepto si el expediente se abre cuando no correspondería-, y Pisarello ha insistido en que pretenden lanzar un claro mensaje a los barceloneses de que trabajan por el derecho a la vivienda.

Ocupación de vía pública

En la modificación de las ordenanzas fiscales, el Gobierno municipal también propone rebajar del 90% al 40% por un acuerdo con el sector de mudanzas la tasa de autorizaciones de solicitudes de ocupación de la vía pública para rodajes de películas, vídeos, televisión, realización de maquetas, sesiones fotográficas, mudanzas, andamios y grúas.

También incorpora una bonificación de la tasa de elaboración de informes para la homologación de planes de autoprotección de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés social y de la ciudadanía para garantizar la seguridad en sus actividades.

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