El Ayuntamiento de Madrid no venderá 2.086 viviendas de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a ‘fondos buitre’ y paralizará los 70 procesos de desahucio previstos, anunció ayer la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. La decisión viene tras una reunión con la plataforma ‘Yo no me voy‘, impulsada por más de 220 vecinos afectados.

Los beneficiarios de los alquileres sociales de la EMVS de toda la ciudad empezaron a recibir avisos y visitas en 2012 informándoles de que no se les renovarían los contratos, algo que se hacía automáticamente cada dos años si cumplían dos requisitos: no superar una determinada renta familiar y no tener un bien inmueble de su propiedad en la Comunidad de Madrid, como recoge el Decreto 100/86. El total de contratos de este tipo asciende a 2.086, distribuidos por los 21 distritos de la ciudad.

La EMVS empezó a realizar procedimientos de desahucios contra los que se resistían a salir de las viviendas alquiladas. “Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución”, ha asegurado Carmena. El compromiso de la EMVS se extiende a las 2.086 viviendas.

Carmena ha transmitido tranquilidad a los titulares de los 2.086 contratos restantes afectados por la intención de la anterior Corporación de vender sus viviendas públicas. “Hay muchos vecinos desorientados”, ha lamentado, tras asegurarles que “sus pisos no se van a vender”.

Además, la primera edil de Carmena ha detallado que el Ayuntamiento está “localizando” a los vecinos que ahora mismo están “desorientados”, pensando que no continuarán sus contratos sociales, para explicarles que el contrato “es válido y no perderán sus viviendas”.

La regidora no ha obviado la “inmensa angustia” por la que han pasado estos inquilinos tras encontrarse que tenían que abandonar una casa en la que habían vivido más de 20 años.

Endika Zuloeta, abogado de la plataforma ‘Yo no me voy’, ha explicado que el Ayuntamiento, desde los años 80, renovaba los contratos sociales cada dos años de manera automática si se cumplían los requisitos. En 2012, sin embargo, “decidieron que esos contratos estaban terminados y les hostigaron para vender sus inmuebles”.

 

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