El Tribunal Supremo ha rechazado que un propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) pueda desahuciar al inquilino por el impago de la renta pactada, cuando ésta sea superior al máximo fijado legalmente para esta clase de inmuebles.

En una sentencia conocida hoy, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado así el recurso formulado por un inquilino contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que daba la razón a la propietaria porque el inquilino pagaba desde junio de 2003 sólo 450 euros, frente a los 660 euros supuestamente pactados.

La sentencia, en la que ha sido ponente Juan Antonio Xiol Ríos, recuerda que la Disposición Adicional Primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 considera nulos los contratos que establezcan rentas superiores a las máximas autorizadas en la normativa administrativa aplicable.

Por ello, no considera que pueda prosperar la interpretación de la Audiencia Provincial de Madrid de que la renta estaba pactada y, en consecuencia, el inquilino debía ser desahuciado por el impago de la totalidad.

No resulta ni ética ni jurídicamente sostenible admitir que existen dos suertes de contratos de arrendamientos“, critican el Alto Tribunal, que añade que “no se discute que la renta convenida era superior a la renta legal máxima a la fecha de suscripción del contrato, por lo que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, esta obligación de pagar una renta superior es nula y obliga a las partes a acomodar la renta a la legislación” de VPO.

De esta manera, los magistrados entienden que “se puede concluir, en definitiva, que el arrendatario haya incumplido con su obligación de pago, por lo que la acción de desahucio por este motivo no puede ser estimada”. EFECOM