El Ayuntamiento de Barcelona enviará la próxima semana cartas a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) para la cesión obligatoria de 400 de los pisos vacíos que tiene en la ciudad, según contempla la ley catalana de Emergencia Habitacional, que puede obligar a esta cesión. Si la sociedad no los cede en un mes, el Consistorio recurrirá a la vía judicial.

La decisión es parte de una medida de gobierno que se presentará el viernes en el pleno municipal, según ha anunciado la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, que ha destacado que requerirán estos inmuebles a Sareb porque es la entidad que acumula más pisos vacíos en la ciudad (562 de 2.591) y, a su juicio, “no está siendo razonable” en la negociación.

La alcaldesa ha detallado que el llamado ‘banco malo’ plantea ceder pisos durante tres años, si bien ella cree que deberían ser al menos cinco, que el Ayuntamiento los rehabilite y que, además, pague al menos 175 euros de alquiler, se habiten o no.

Además, ha destacado que el Gobierno municipal sigue priorizando el diálogo y alcanzar un acuerdo con la entidad, pero no aceptará que el Consistorio rehabilite los pisos para que, después de tres años, Sareb pueda especular con ellos: “Queremos llegar a acuerdos por las buenas, pero si no se puede por las buenas, lo haremos por la ley”.

 

“No podemos esperar”

“Llevamos cuatro meses de buenas palabras y diálogo, pero tenemos prisa y no podemos esperar”, ha dicho Colau, que confía en que Sareb y el Ayuntamiento eviten la vía judicial con un convenio, los criterios del cual quiere estudiar con otros municipios como Madrid y Zaragoza, y abordar el asunto también en el Área Metropolitana de Barcelona.

El artículo 7 de la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética, aprobada en el Parlament tras una ILP de la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, prevé que la administración puede resolver la cesión obligatoria de pisos por tres años para incorporarlos al fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales.

 

Acuerdo con bancos

Colau confía en llegar a acuerdos las próximas semanas con ésta y otras entidades y fondos de inversión propietarios de los 2.951 pisos que hay en Barcelona vacíos más de dos años. De ellos, 2.000 corresponden a Sareb y otras nueve entidades: BBVA (510 pisos), Anticipa (210), CaixaBank (135), Unnim (120), Santander (111), Bankia (110), Banco Popular (90), Hipocat (80) y Criteria (70), según el Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat.

Además, ha asegurado que el Ayuntamiento no descarta dejar de trabajar con algunas de estas entidades si no colaboran: “Querríamos alcanzar acuerdos en positivo a favor de todos empezando por las familias, pero si grandes entidades que colaboran con el Ayuntamiento no tienen esta voluntad, existe esta posibilidad”.

Por su parte, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha añadido que el Gobierno municipal se reunió la semana pasada con operadores jurídicos para plantear un nuevo convenio sobre desahucios y lanzamientos, ya que el actual avisa de que se van a producir con poco margen para intervenir (habitualmente, una semana antes).

 

Nuevas multas

El concejal de Vivienda ha recordado que el Ayuntamiento ha interpuesto 12 multas coercitivas a grandes tenedores de pisos vacíos (10 han sido recurridas, una es de un piso ‘okupado’ y otra no se ha pagado, por lo que la próxima semana se le impondrá una segunda sanción de 10.000 euros), y que tramita otras 11, según Colau.

El gerente de Vivienda, Javier Buron, ha resaltado que actualmente hay 31.000 demandantes de vivienda en la ciudad, de los que 7.000 están en contingentes por necesidades especiales, y hay unos 70 casos de especial urgencia.

Montaner ha explicado que en Barcelona existen unas 10.400 viviendas protegidas, de las que 6.400 están gestionadas por el Patronato Municipal de Vivienda, y alrededor de 300 se encuentran en rotación por razones diversas.

Sobre el alojamiento de refugiados, Colau ha garantizado que se buscarán soluciones extraordinarias y complementarias para atenderles, “en ningún caso van a suponer una competencia de recursos” con las personas que ya viven en Barcelona y requieren atención, que ha asegurado que no percibirán ningún cambio en los servicios sociales.

 

Pobreza energética

Ortiz ha destacado que el Ayuntamiento se reunirá la próxima semana con empresas suministradoras de electricidad para elaborar un nuevo convenio que contemple la “corresponsabilidad” de las compañías y que eviten el corte de suministros (el actual prevé que éstas avisen al consistorio de los casos de pobreza energética y que éste se haga cargo de las facturas para evitar cortes).

Además, pondrá en marcha un servicio en fase piloto en los distritos de Nou Barris, Sant Martí y Sant Andreu para mediar con las suministradoras, proporcionar asesoramiento energético, gestionar conflictos por impagos y detectar los riesgos de la pobreza energética, que se enmarcará en su apuesta por prevenir la pobreza energética.

También impulsará una campaña de comunicación para dar a conocer a los ciudadanos las ayudas de pobreza energética, que se han incrementado un 188% del 2011 al 2014, pasando de 1.339 ayudas el primer año a 4.032 el año pasado, mientras que hasta principios de octubre se han otorgado 3.977, por un importe de 613.227 euros.

El Gobierno municipal ha acordado constituir una Unidad de Prevención de la Exclusión Residencial y la Pobreza Energética, que trabajará coordinadamente con los servicios sociales y tendrá un equipo transversal que alcanzará previsiblemente 20 miembros en unos dos años.

 

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