El 5% de los pisos incluidos en el Fondo Social de Viviendas (FSV), creado en mayo de 2013 por el Gobierno, se reservará para aquellos que, cumpliendo los criterios generales establecidos, hayan sido desahuciados de su vivienda habitual por impago de un préstamo no hipotecario.

Esta matización de la Ley pretende proteger a los deudores hipotecarios mediante una de las 40 enmiendas al proyecto de ley de Medidas concursales que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso.

Así, si hasta ahora los alquileres sociales del FSV estaban reservados para desahuciados por impago del préstamo hipotecario, a partir de ahora se reservará un 5% de los pisos disponibles para quienes, siendo propietarios de su vivienda habitual y reuniendo el resto de requisitos, “hayan sido desalojados por impago de préstamos no hipotecarios”.

 

Fondo social de viviendas

La normativa antidesahucios encomendó al Gobierno y al sector financiero constituir un fondo de alquiler social para alojar a los afectados por desahucios por impago de un préstamo hipotecario posteriores al 1 de enero de 2008.

Para acceder a estas viviendas (6.000 en un primer momento) se fijaron una serie de condicionantes familiares y económicos: los ingresos mensuales de la unidad familiar no pueden superar en tres veces el IPREM (1.597 euros en la actualidad) y ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad o usufructo.

Además, se debe ser familia numerosa, tener menores de tres años a cargo, ser familia monoparental con dos o más hijos, tener algún discapacitado, dependiente o incapacitado; que el deudor esté desempleado y no tenga prestaciones, ser víctimas de violencia de género o mayores, prejubilados o jubilados que hayan avalado con su vivienda a sus hijos o nietos.

 

Ampliar el ámbito de aplicación

En mayo, el Ministerio de Economía anunció que se ampliaría el ámbito de aplicación del Fondo para cubrir a más familias, de modo que todas las personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores pudieran obtener un alquiler social siempre que los servicios sociales competentes lo aconsejaran.

Ahora, un texto legislativo recoge esa intención al señalar que el ámbito de cobertura del Fondo Social se puede se puede ampliar a “personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas” en la ley Antidesahucios.

Hasta el momento, 1.465 familias se han visto asistidas por este mecanismo, según el Gobierno.

 

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