El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha suscrito 2.883 contratos de alquiler desde su creación hasta el pasado 29 de abril, cifra que se acerca a las 5.891 viviendas con las que arrancó, según datos del Gobierno.

El FSV se creó en 2013 con pisos en manos de la banca para ponerlos a disposición de familias en especial situación de vulnerabilidad que hubieran sufrido desalojos por impago de sus correspondientes hipotecas a partir del 1 de enero de 2008.

Las condiciones de estos arrendamientos incluían una renta de alquiler que oscila entre los 150 euros y los 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar, y una duración de dos años, ampliables a otro más.

El FSV ha vuelto a suscitar el interés de los medios después de que el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), José María Roldán, denunciara la pasada semana dificultades para adjudicar estos pisos a las familias.

A la vista de que los últimos datos disponibles cifraban en sólo 1.500 las viviendas alquiladas del FSV, pese a la revisión de los criterios de acceso llevada a cabo en 2014 para facilitar una mayor entrada de beneficiarios, Roldán hablaba de “pobres resultados” y de “frustración” porque las cifras no se correspondían con el “esfuerzo sincero” del sector.

Así, trascendió su petición de mayor colaboración con el sector público para identificar a los hogares que tienen mayor riesgo de exclusión financiera y así ganar eficacia.

Las condiciones vigentes establecen una serie de requisitos que abren el acceso a las viviendas de FSV a las familias numerosas, monoparentales con dos o más hijos a cargo, con algún miembro discapacitado, sin ayudas por desempleo o que incluya a algún miembro víctima de violencia de género.

 

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