El Plan de Vivienda en vigor pone especial énfasis en el alquiler. En vista de que el anterior no cumplió con las expectativas marcadas, el Gobierno ha rectificado su postura inicial y ha decidido destinar buena parte de sus recursos a implantar el alquiler con opción a compra. El tiempo y las cifras de ejecución demostrarán si este cambio de política ha sido acertado.

Pocos recursos

También ha mejorado su tratamiento fiscal, acercándose de ese modo a la compra. Lo más reciente ha sido la aprobación de nuevas medidas para fomentar el mercado del alquiler y avanzar en el cambio cultural que se quiere promulgar. Y es que España lidera la clasificación de los países del mundo con menos parque inmobiliario de alquiler, apenas un 11%, cuando la media europea roza el 40%.

Así, se ha aprobado una reforma que agiliza y acorta los plazos que marcan los procesos de desahucio en un intento por dotar de más seguridad jurídica a los arrendadores. Sin embargo, ya ha habido prestigiosos bufetes de abogados que han alertado de dos puntos débiles de esta reforma.

El primero es que sigue sin abordarse una reducción de los plazos de los contratos de alquiler, que continúan siendo, salvo los supuestos que prevé la ley, de un mínimo de cinco años, ya que las prorrogar anuales son prácticamente automáticas. El segundo punto flaco es que pese al recorte teórico de los plazos en caso de desalojo, ¿está el sistema judicial preparado para hacer efectivas las sentencias del ya bautizado desahucio exprés? Algunos analistas sostienen que no existen los medios necesarios para hacer de esa regulación una realidad.

Y el stock, ¿no resulta chocante que aún se esté pensando en construir más de 180.000 VPO al año para dar respuesta a la demanda social de vivienda cuando los análisis más optimistas cifran el excedente sin vender en 600.000 pisos? Promotores y constructores han tratado de convencer al Gobierno de la oportunidad que podría representar utilizar parte del stock en dar respuesta a esa necesidad de VPO. Pretendían que el Ejecutivo comprara parte de esos 600.000 pisos y recuperar su inversión destinándolas al alquiler con opción a compra. Estudios con cifras concretas estuvieron en la mesa del presidente del Gobierno en Moncloa, pero los Ministerios de Economía y Vivienda desaconsejaron la operación. “Los números no salían”, argumentan. No obstante, el sector promotor no puede quejarse de no haber sido escuchado en sus plegarias. Después de acceder a impulsar nuevos incentivos a la rehabilitación, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible incluye otra vieja reivindicación de esas empresas. Los terrenos urbanizables delimitados (la antesala a convertirse en urbanos) tendrán tres años más de plazo para desarrollarse antes de perder valor al pasar a regirse por la actual ley de suelo. Un balón de oxígeno en toda regla que llega en el momento oportuno.

De cambiar la regulación hipotecaria o la vinculación de la mayoría de las tasadoras con bancos y cajas, nadie parece querer hablar, sólo se apela a “volver a aplicar el sentido común”. Pero, quizás convenga hacer cambios que permitan evitar volver a caer en la tentación.