En Comú Podem ha solicitado al Gobierno que permita la intervención de los ayuntamientos que detecten aumentos desmesurados de los alquileres, como sucede en Barcelona, pues creen que en los últimos años la vivienda en alquiler se ha convertido en un suculento producto especulativo.

Esta es una de las medidas que la confluencia catalana de Podemos incluye en una proposición no de ley registrada en el Congreso con la que tratan de frenar una situación de segregación urbana por la cual, explican, las familias con menos recursos se ven obligadas a abandonar los barrios más céntricos, mientras estas zonas se convierten en una ‘boutique’ fuera del alcance de una mayoría.

En la iniciativa también reclaman el impulso de un parque público de vivienda utilizando casas vacías de grandes tenedores que no estén cumpliendo su función social mediante su cesión obligatoria, ayudas al alquiler en función de la renta, e incentivos para que los pequeños propietarios pongan sus viviendas en alquiler asequible.

Asimismo, exigen la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objeto de revertir la situación de vulnerabilidad a la que, denuncian, están expuestas los arrendatarios tras la reforma de la ley en 2013.

En este sentido, piden la derogación de los mecanismos de desahucio exprés, la ampliación del límite legal para prorrogar tácitamente los contratos de tres a cinco años como mínimo y la vuelta al IPC como referencia para la variación anual del precio del alquiler.

 

Controlar las socimis

En Comú critica que aquella reforma de 2013 se acompañó de nuevos privilegios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIS), que vieron reducida de siete a tres el mínimo de años que debían arrendar sus viviendas, la supresión total de la Renta Básica de Emancipación, y “el fin de las irrisorias reducciones fiscales a las personas arrendatarias y el aumento fiscal a las arrendadoras”.

Unas medidas que, advierte esta coalición, han promovido el encarecimiento de los precios y el aumento de la vulnerabilidad de las personas que tratan de alquilar en un mercado que, según datos del INE, no alcanza el 1,5% del total del parque de viviendas, mientras que estos porcentajes son del 32% en Holanda, el 23% en Austria y el 17% en Francia.

Para frenar los negocios especulativos” de inversores, En Comú insta a revisar la fiscalidad y las condiciones legales de las SOCIMIS, vinculando éstas a la promoción de vivienda de alquiler asequible, y así garantizar el retorno social de este tipo de sociedades. De esta forma creen posible preservar la función social de la vivienda y evitar “la proliferación de las lógicas especulativas bajo las que fueron concebidas.

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