Entra en vigor la Ley de fomento del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar los desahucios; la de Arrendamientos Urbanos, para ampliar los casos de resolución del contrato, y la de Propiedad Horizontal, con el fin de flexibilizar la mayoría en las comunidades de propietarios para realizar obras de mejora de la eficiencia energética.

Ante el número escaso de viviendas en alquiler, que sigue percibiéndose por los arrendatarios como una pérdida y por el propietario como un riesgo en función del inquilino con que se encuentre, así como por el creciente aumento de impagos de la renta y la enorme cantidad de pisos vacíos, que no encuentran comprador, resulta preciso impulsar normativamente el arrendamiento de las viviendas, para lo cual hay que hacerlo atractivo también fiscalmente.

En lugar de subvencionar al ladrillo hay que apostar por la gente con rentas bajas para que puedan acceder a una vivienda a través del alquiler. Como en el resto de los países de nuestro entorno.

De momento, la nueva norma, aprobada con inusual acuerdo de los grupos parlamentarios, supone un adelanto al permitir con el acuerdo de tres quintas partes de los propietarios obras que hasta ahora requerían unanimidad y dar más facilidades para concluir el contrato si el propietario necesita el piso para sus padres, hijos o cónyuge, y no solo -como hasta el momento- para sí mismo. En la buena línea también se encuentran las medidas contra el moroso, tendentes a agilizar el proceso judicial de desahucio y de reclamación de rentas derivadas del alquiler, que hasta entonces eran demasiado largos y onerosos, sustanciándose con esta ley en juicio verbal, más simple, sencillo y rápido. Ahora bien, este pretendido desahucio exprés quedará de nuevo en papel mojado o en una inocentada si, como se ha venido poniendo de relieve en este periódico, los juzgados siguen como están, colapsados, si no disponen de mayor dotación de medios y recursos económicos y humanos para aplicar la nueva normativa y se sigue eternizando, por ejemplo, el reparto de una demanda de desahucio.