Primar con medidas fiscales el alquiler y la rehabilitación sobre la compra o implantar programas que supongan un menor coste para las arcas del departamento, sacando al mercado de alquiler pisos vacíos, son algunas de las medidas previstas.

Deducciones al alquiler. Las medidas tributarias son competencia de las diputaciones, con las que Vivienda ya ha mantenido “un intercambio de pareceres”. La intención del departamento es acabar con el trato fiscal privilegiado a la compra de pisos. Las actuales deducciones por adquisición alcanzan hasta 2.770 euros, mientras que por alquiler se quedan en 2.000. La intención a corto plazo pasa por equipararlas, aunque las haciendas ya asumen que las bonificaciones por la compra desaparecerán. “El escenario ideal es que se desgrave por la rehabilitación y el alquiler y no por la adquisición”, señalan fuentes de la consejería.

Viviendas vacías. El programa Bizigune para sacar al mercado pisos vacíos en alquiler ha logrado captar 4.500 inmuebles, pero el Gobierno lo considera muy costoso: 22,5 millones al año. La razón es que el Ejecutivo se convierte en arrendatario, al pagar al dueño el precio del mercado, mientras que el inquilino abona un alquiler reducido. Esa diferencia la sufragan las arcas públicas. Vivienda garantiza además el mantenimiento del piso y su devolución en buen estado. El nuevo plan pretende, manteniendo Bizigune en el nivel actual, poner en marcha “mecanismos más baratos” y que la Administración sea un mero intermediario que ponga en contacto a los dueños con los inquilinos. Las ayudas se destinarían a suscribir seguros a los propietarios y avalar a los arrendatarinquilinos. “La situación ha cambiado desde que se impulsó Bizigune. Ahora hay más mecanismos para que se cobre o reclamar desperfectos”, añaden las fuentes informantes.

El agente rehabilitador. Es similar al agente urbanizador, desarrollado por la actual ley del Suelo para agilizar los planes urbanísticos. La nueva figura persigue simplificar los proyectos de rehabilitación urbanísticos. Movilizaría a las diferentes entidades, con competencias especiales, entre ellas la expropiación. En Euskadi existen actualmente 17 asociaciones urbanísticas de rehabilitación, que acometen una tarea similar a la que se pretende con el agente rehabilitador.

Precios según la renta. El Gobierno quiere aumentar el peso de las viviendas protegidas en los costes de urbanización, ahora asumidos por los pisos libres. Ello supondría una subida de precios. Además, se quiere equiparar lo pagado a los costes. El objetivo es que los inquilinos abonen según sus ingresos. Todo ello se materializará a través del llamado fondo de garantía y compensación. El constructor cobraría la cantidad fijada por piso para obtener sus beneficios y si el inquilino no llega a ella, el Ejecutivo pone la diferencia. En cambio, si el nuevo propietario debe pagar más de lo fijado, el promotor debe incluir ese sobrante en el fondo.

Trueques. Otra medida para incrementar el alquiler y lograr facilitar pisos en este régimen a 40.000 familias en 15 años. Ahora, muchos jubilados viven solos y están más interesados en habitar un piso más pequeño o ingresar en una residencia. “Se les daría otra vivienda o dinero para acudir una residencia. Hasta ahora no se ha podido implantar por las reticencias de los descendientes”, afirman las fuentes de Vivienda consultadas.