El Banco de España afirma que una justicia lenta tiene efectos negativos sobre la economía, entre ellos un menor crecimiento y tamaño de las empresas, un mercado del alquiler más reducido y un menor desarrollo de los mercados financieros. En el caso de España, muchos de los parámetros que miden la eficiencia de los tribunales la sitúan por debajo de la media de los países desarrollados.

La institución así lo señala en el Boletín Económico del mes de enero, en el que hace un repaso a parte de la literatura especializada en estos asuntos.

En primer lugar, estos estudios evidencian que la falta de eficiencia del sistema judicial puede considerarse un “coste fijo” que han de pagar las empresas por litigiar, por lo que supone una “barrera” más alta para un emprendedor que para una gran empresa. La consecuencia es un menor desarrollo empresarial.

Menor oferta alquiler

Asimismo, una mayor percepción de inseguridad jurídica por parte de los propietarios de una viviendas, si se demoran las ejecuciones de las sentencias en un casos de impago por parte del inquilino, llevará, en general, a una menor oferta de viviendas en alquiler.

Por último, el Banco de España señala que una menor eficacia judicial reduce la disponibilidad de crédito en relación con el PIB local.

En la otra cara de la moneda, el banco emisor argumenta que, el bueno funcionamiento de los procesos judiciales que declaran la existencia de una deuda o de un incumplimiento de contrato es “crítico” para favorecer el tamaño y el crecimiento de las empresas, mientras que la eficacia en la fase de ejecución de sentencias aumenta el peso del mercado del alquiler frente a la compra.

¿En qué situación se encuentra España?



Las estadísticas de la Comisión Europea para la Eficacia en la Justicia (CEPEJ) –con los últimos datos disponibles de 2014– señalan también que en España se invierten 264 días en resolver un conflicto de estas características, frente a los 183 días de Alemania, donde el mercado del alquiler y el tamaño de las empresas es mayor.

Las razones de este retraso de la justicia española vienen tanto del lado de medios de los que dispone como de la alta litigiosidad que se da en el país. Para empezar, la Comisión Europea calcula que España tiene 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, una ratio inferior a los 21 de la media de los países europeos.

España se encuentra bien posicionada, en cambio, en los ránkings de utilización de las nuevas tecnologías y en el grado de especialización judicial. Sin embargo, nuevamente, tiene la cuarta tasa de litigación más alta entre los países de la OCDE, de acuerdo con los registros de este organismo, que están en línea con los de la CEPEDA.

La explicación, según el Banco de España, es que existen muchos incentivos a litigiar, como el volumen y complejidad de las transacciones económicas, el ciclo económico o la calidad y complejidad de la normativa y de los procedimientos para resolver conflictos fuera de los tribunales, como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

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