La Federación de Servicios de CC.OO. asegura que las viviendas que se alquilan en España de forma alegal pueden llegar a suponer hasta un 25% de la oferta reglada; ante esto, solicitan una regulación homogénea cuanto antes y una actuación inspectora “para la detección y corrección en la prestación de servicios turísticos en clandestinidad”.

Según el sindicato, el uso de la oferta de alojamiento no reglado podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo laboral y competencia desleal, “yendo en contra de la calidad y de la competitividad de los propios destinos turísticos”, denuncia en un comunicado.

En este contexto, CC.OO. demanda una regulación específica para hacer frente a la oferta alegal y hacer aflorar así este tipo de viviendas y que se puedan comercializar de manera reglada. “De esta manera se podría acabar con el intrusismo e intentar que aflore la economía sumergida a nivel general y el empleo sumergido en particular”, afirma el sindicato, quien afirma que, hasta ahora, ha habido falta de voluntad política y falta de medios para abordar “una de las lacras más negativas que tiene la industria turística española”.

El sindicato asegura que, al aflorar estas viviendas, se beneficiarían tanto el sector turístico reglado, ya que se eliminaría la competencia desleal, como la hacienda pública al sacar a la luz recursos que actualmente existen al margen de la legalidad. “Además, los trabajadores ganarían en estabilidad y transparencia laboral y los consumidores en seguridad jurídica a la hora de defender sus derechos”, justifica.

 

Una única regulación y campañas de inspección

Por esto, el sindicato insta a las comunidades autónomas a regular de forma adecuada este tema para posteriormente llevar a cabo campañas de información y una actuación inspectora para la detección y corrección en la prestación de servicios turísticos en clandestinidad.

Además, exige a las Comunidades Autónomas que las normativas sean lo más homogéneas posible y que busquen consenso con los sindicatos mayoritarios del sector y con las asociaciones empresariales y de consumidores, “defendiendo y acordando que estas normativas contengan unas garantías mínimas para el usuario y velando por el cumplimiento de unos requisitos básicos de infraestructura y calidad”.

También propone poner en marcha actuaciones preventivas para tratar de regular e incluir en la normativa turística nuevas modalidades en la prestación de servicios turísticos, mejorando y actualizando la regulación de los actuales acorde con la realidad turística.

El sindicato volverá a reunirse en unas semanas con las comunidades autónomas para abordar este tema.

 

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